El Estado español requiere considerar como hipótesis de conflicto la influencia yihadista en su territorio.

Diariamente asistimos a episodios de violencia en Siria, donde las fuerzas gubernamentales se enfrentan a las tropas rebeldes, tras el inicio de la oposición armada al régimen de Bashar al Asad en enero de 2011.

Uno de esos últimos actos violentos ha sido protagonizado por un ciudadano español de origen marroquí llamado Rachid Hassein Mohamed. 

El suicida islamista aparece en un vídeo relatando cómo hizo los preparativos del atentado y cómo, en calidad de copiloto de otro suicida, cumplió con su objetivo de hacer detonar un camión lleno de explosivos contra un cuartel militar.

El terrorista ceutí no es el primer español ni extranjero en participar en atentados suicidas en Siria, mostrando cómo la corriente salafista continúa expandiéndose por numerosos países del mundo, incluida España.

El vocablo salafista proviene del término salaf, “predecesor” o “ancestro”, que designa a los compañeros del profeta Muhammad y las tres primeras generaciones que le sucedieron aunque, el moderno salafismo se originó en la prédica de Ibn Abdu – I – Wahhab, en el siglo XVIII, para el cual el declive de los países musulmanes frente a occidente resulta del olvido del mensaje original del Islam.

Los salafistas se declaran enemigos de la democracia, de occidente, del laicismo y de toda corriente de pensamiento y/o religiosa que se oponga a su cosmovisión totalitaria y unívoca de la sociedad y del hombre.

Aunque no todo el salafismo predica la violencia terrorista, existe una importante corriente denominada “yihadista” que hace de la violencia contra Occidente y el laicismo su principal herramienta para expulsar de tierras “musulmanas” a todos los occidentales, a los apóstatas (musulmanes moderados que traicionarían al Islam según aquellos) y, lógicamente, a los representantes occidentales de los estados de Israel, Estados Unidos, Rusia y  Europa Occidental, a quienes consideran sus enemigos. Por tal motivo, el yihadismo pugna por extender su influencia global para combatir todo aquello que consideren “infiel”, incluyendo los métodos más abyectos y violentos.

Los terroristas salafistas yihadistas utilizan como uno de sus medios preferidos de combate el atentado suicida y, aunque en el Corán se considera un grave pecado el suicidio, los adoctrinadores yihadistas consideran a sus soldados como auténticos mártires que verán recompesados sus sacrificios en el Paraíso.

España y Occidente deberían tomar buena nota de estos enemigos de la libertad y de la democracia. Los islamistas son por esencia peligrosos para la seguridad pública y se valen de todo tipo de organizaciones no gubernamentales islámicas, de mezquitas y madrazas ilegales y de la recolección de la limosna (obligatoria entre todos los fieles musulmanes) para captar fondos, adoctrinar niños y reclutar a quienes serán sus futuros terroristas suicidas.

España, afortunadamente, ha dejado atrás el desgobierno radical de José Luis Rodríguez Zapatero, tan proclive a ver contemplar con buenos ojos regímenes dictatoriales o autoritarios; gobierno que se enorgullecía de sus relaciones amistosas con un dirigente terrorista como Yasir Arafat.

El gobierno de Mariano Rajoy, tal como aconteciera con el desgobierno socialista, pareciera no darse cuenta del peligro que representa el desarrollo de estas corrientes extremistas en suelo español y sería deseable, dentro del marco de la Constitución y las leyes, que se adoptasen todas las medidas necesarias para controlar la actividad que desarrollen en el país las distintas ONGs de influencia islámica y prevenir, y reprimir, el desarrollo de madrazas y mezquitas clandestinas.

El atentado protagonizado por el ciudadano ceutí es uno más de los que bañan de sangre cada día a Siria. Lamentablemente y pese que la Unión Europea ha solicitado a Bashar al Asad que ceda el poder a un gobierno de transición, el veto de China y de Rusia, aliados de Siria, impide la adopción de otras medidas que contribuyan a resolver la grave crisis del régimen sirio.

España debería contribuir, junto con el resto de países occidentales, a impulsar la paz en Siria y a terminar con el régimen de Al Asad. Pero, ante todo, debería, a nivel de estado, adoptar medidas de prevención y control respecto a la presencia, desarrollo e influencia de cualquier corriente islamista en territorio nacional.

El gobierno de Mariano Rajoy Brey no debería esperar a que, en el corto o mediano plazo, más ciudadanos españoles sean protagonistas de esos crueles atentados.

Que España tenga hipótesis de conflicto, internas y externas, hace a la seguridad de los ciudadanos y de toda la población; pues implica considerar aquellas posibilidades de conflicto entre personas, grupos, naciones o estados que podrían, en mayor o menor medida, afectar los intereses españoles y de su paz interior o exterior.

A nadie puede enorgullecerse que ciudadanos españoles participen en atentados yihadistas pero, transcurridos estos luctuosos atentados, es obligación del Gobierno de España adoptar todas las medidas para prevenir futuros ataques y evitar el desarrollo de las corrientes islamistas en el país.

Esto es uno de los grandes temas de “estado” que el gobierno debe abordar con prioridad absoluta, independientemente de los graves problemas de crisis económica, política (intentos de secesión de algunos ayuntamientos o comunidades autónomas) o social que sean el pan nuestro de cada día.

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