JUAN CARLOS I DEBE ABDICAR, POR ESPAÑA Y LA NACIÓN.

España, inmersa en escándalos de corrupción, con familias enriquecidas a lo largo de décadas y cuyo patrimonio y fortuna se hace extensivo a sus secuaces, requiere que su Jefe de Estado dé un paso al costado, para el bien de la Nación.

Que abdique Juan Carlos I, aunque sería un proceso excepcional, no implica un mal deseo para su Majestad pues, históricamente, los monarcas reinaban hasta su muerte natural o trágica (que se producía a edades mucho más tempranas, dadas las condiciones sociosanitarias de la época), sino una necesidad para el bien de la Nación Española.

La primera abdicación de la historia de lo que hoy conocemos como España fue la del Rey WAMBA, sucesor del rey Recesvinto, quien fue destituido por un golpe de estado en la monarquía visigótica, producto del cual debió retirarse al Monasterio de San Vicente en Pampliega, monasterio actualmente desaparecido, pero cuyos restos descansan actualmente en la ciudad de Toledo.

La segunda abdicación fue la de CARLOS I de España quien dejó los reinos hispanos a su hijo Felipe II, pasando el imperio a su hermano Fernando, a efectos de mantener la estabilidad política en el escenario internacional. Recordemos que Carlos de Austria, o Habsburgo fue Rey de España con el nombre de Carlos I, uniendo en su persona las Coronas de Castilla, Aragón y Navarra, y Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, como Carlos V.

Continuando con los antecedentes históricos, diremos que, de diez reyes borbones, cinco de ellos han abdicado a lo largo de la historia.

FELIPE V de Borbón, llamado El Animoso, abdicó en 1724 en favor de su hijo Luis, tras los tristes episodios de la Guerra de Sucesión, dando como excusa servir a Dios y prepararse para la muerte, aunque, para evitar una guerra dinástica, decidió volver al trono, gobernando durante 45 años y 3 días, siendo el Monarca que ha ejercido la Jefatura de Estado durante más tiempo en la historia de España.

CARLOS IV, otro rey borbón, abdicó, al igual que Felipe V, en dos oportunidades; la primera, sin convocar a las Cortes ni seguir los procedimientos legales establecidos, y la segunda conjuntamente con su hijo, en favor de Napoleón, quien abdica en favor de su hermano. Recordemos que el conquistador francés, había convocado a la familia real española a un encuentro en la localidad francesa de Bayona. Ante ello, Fernando VII restituyó la Corona a su padre Carlos IV el día, ignorando que el día anterior su padre había pactado la cesión de sus derechos en favor de Napoléon Bonaparte, quien designó como Rey de España a su hermano José.

Isabel II fue víctima de un golpe en medio de un convulsionado escenario europeo, dejando la Corona a su hijo Alfonso XII. La Reina, ante la falta de publicación de su abdicación, insistió en que la misma nunca se había producido, aunque no pudo volver a ocupar el trono.

Alfonso XIII abdicó, poco antes de morir, en el infante Juan, padre del actual rey, en un clima político convulso, tras unas elecciones donde triunfaron los monárquicos, pero donde, de hecho, el poder fue entregado a los extremistas de izquierda. Recordemos que, por esos años, España sufría una auténtica crisis de representatividad política, las clases populares se hallaban en pésima situación social, existían problemas internacionales derivados de la Guerra del Rif y a ello se sumó una agresión contra la Corona impulsada por el nacionalismo catalán.

La suma de esos hechos condujo al fracaso de la democracia liberal, a la dictadura de José Antonio Primo de Rivera, que Alfonso XIII aceptó y, tras las elecciones municipales de abril de 1931 (que ganaron los partidos monárquicos) se marchó, abandonando la Corona.

Su tercer hijo, Juan de Borbón y Battenberg, Jefe de la Casa Real de España en el exilio (1941 – 1977), en un discurso dado el día 14 de mayo de a977, en el Palacio de la Zarzuela, renunció oficialmente a sus derechos a la Corona en favor de su hijo Juan Carlos I, aunque se reservó el título de Conde de Barcelona.

JUAN CARLOS I, proclamado rey el 22 de noviembre de 1975, tras la muerte natural del General Francisco Franco Bahamonde, conforme la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947, fue reconocido como tal por la Constitución Española, ratificada por referéndum popular el 6 de diciembre de 1978 y promulgada el 27 de diciembre de ese mismo año, asumiendo la Jefatura de Estado.

Conforme el artículo 57 de nuestra Constitución, contempla, en varios apartados, distintos supuestos de sucesión a la Corona. Los dos primeros refieren a la sucesión por herencia y los tres siguientes a la provisión del sucesor por las Cortes Generales, a la exclusión en la sucesión y a las abdicaciones y renuncias.

La Corona Española posee un carácter hereditario de la Corona de España, afirmando que “la sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer y, en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos”. Aunque, personalmente, siguiendo a Hernández Gil Alvarez Cienfuegos, la norma no implica la prohibición de que una mujer asuma la Corona.

REY Y PRINCIPEFoto gentileza diario EL MUNDO

Como vemos, lo “normal” sería que el Principe de Asturias acceda al trono por fallecimiento del Rey. La Constitución, en el artículo 61.2, se refirió al juramento del Príncipe de Asturias ante las Cortes Generales al cumplir la mayoría de edad, lo cual se produjo el 30 de enero de 1986.

Sin embargo, fuera de ese caso, pueden darse otros supuestos:

a)      Si se extinguiesen todas las líneas llamadas en derecho a la sucesión, correspondería a las Cortes Generales proveer a la sucesión en la forma más conveniente a los intereses de España; (sólo utilizado en 1870 para elegir a Amadeo I de Saboya)

b)      Conforme el artículo 57.4, las personas en línea sucesoria pueden contraer matrimonio sin autorización del Rey y de las Cortes, aunque podría excluirse a alguien por decisión del Rey y de las Cortes, lo que afectaría al excluido y a toda su descendencia;

c)      El art. 57.5 hace referencia a las abdicaciones y renuncias que, implican, la pérdida de los derechos regios. Ambos son actos personalísimos, voluntarios, recepticios, unilaterales e irrevocables.

JUAN CARLOS I podría renunciar o abdicar.

La ABDICACIÓN podría definirse como el abandono del oficio regio por el titular de la Corona, causándose la transmisión de sus derechos al sucesor, en este caso, al Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón. En principio, la doctrina entiende que sería menester una aceptación de las Cortes en tal sentido, pero España carece, de momento, de una ley orgánica que resuelva esta figura.

Distinto caso sería la RENUNCIA del derecho a reinar, que correspondería a quienes forman parte del orden sucesorio. Y tampoco queda claro en la Constitución si podría incluirse la renuncia de derechos del Rey para sí y sus descendientes, tal como lo hiciere Amadeo de Saboya en 1873.

En estos tiempos, urge que las Cortes aclaren por medio de una ley orgánica esta institución.

JUAN CARLOS I, majestad borbónica, ha sido cómplice, por acción u omisión, de las manipulaciones y mentiras derivadas del 11M, de la aprobación inconstitucional del Estatuto de Cataluña, de las mentiras y despropósitos legislativos del zapaterismo y encubridor de los turbios negocios de su yerno, Urdangarin, y de su socia al 50%, es decir, su hija, la Infanta.

JUAN CARLOS I ha pecado, personal y profesionalmente, de excesos y omisiones durante la mayor crisis económica, política y moral del Reino de España. Es el rey de una fortuna acumulada heredada del franquismo y de la transición, el turista de las cacerías en Botsuana, el amante infiel de los viajes con Corina (última de sus “asesoras estratégicas”) y el Rey del “hablando se entiende la gente”, al referirse a los diálogos que debería mantener un Presidente del Gobierno con quienes desean cargarse el régimen constitucional español.

Este REY no ha condenado las negociaciones del más vil zapaterismo con ETA, ni las tramas de la corrupción socialista en Andalucía, ni la corrupción y desigualdad entre españoles del Estatuto de Cataluña, ni la falta de garantías judiciales o independencia del Poder Judicial para resolver casos de sonada repercusión mediática y política como el 11M o el Faisán, ni la corrupción de la partitocracia nacida de la Transición, auténtico origen de la crisis del régimen que socaba a España.

El tiempo de Juan Carlos I ha terminado.

ESPAÑA NECESITA REGENERARSE. Y NO PODRÁ HACERLO CON UN JEFE DE ESTADO COMO JUAN CARLOS I.

Si hasta su Santidad, el Papa Benedicto XVI, o la Reina de Holanda (en espléndido estado de salud y facultades), han decidido renunciar a su pontificado, o abdicar a la Corona, Juan Carlos I debería hacerlo, si es que, alguna vez, ha sentido afecto y orgullo de España y ha querido el bien de sus habitantes y ciudadanos.

De lo contrario, pasará a la historia como el Rey de las absurdas cacerías en medio de la crisis, del encubrimiento de su hija y de su yerno, del abandono y traición hacia su esposa, la Reina Sofía y de la complacencia, o complicidad, con todos aquellos que tienen por enemigo a España y al orden constitucional.

Saber retirarse a tiempo es de sabios y aunque sea demasiado tarde, JUAN CARLOS I DEBE ABDICAR.

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