ESPERANZA AGUIRRE: FUNCIONARIOS DE MOVILIDAD Y PRINCIPIO DE INOCENCIA.

Resulta cuanto menos curioso que, habiendo pasado algunos días de la supuesta “fuga” de la ex Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la oposición de izquierdas continúe utilizando el hecho para arremeter contra el Partido Popular y su Presidenta en la Comunidad de Madrid.

Recordemos los hechos: el pasado 3 de abril, la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, estacionó su Toyota Verso blanco en el carril bus de la Gran Vía madrileña, a la altura de la Plaza de Callao, para sacar dinero de un cajero antes de acudir a una partida de bridge solidario. Un estacionamiento en una zona no permitida para tal fin y que, según la ley, está sancionado hasta con 200 euros de multa.

Tras retirar dinero, Esperanza Aguirre regresó a su coche, encontrándose con dos agentes de movilidad quienes, ante la infracción, prepararon una sanción.

Entretanto uno de los agentes colocó su moto en la parte delantera del Toyota, impidiendo quizás la salida del vehículo?

Esperanza Aguirre pidió disculpas a los agentes, entregándoles la documentación y aguardando la entrega de la sanción. Según los funcionarios actuantes, la ex Presidenta, hizo caso omiso a sus indicaciones, subiendo al vehículo e iniciando maniobras para la marcha, iniciándola mientras uno de los agentes posaba sus manos en el capó del vehículo para que parara.

Sin embargo, al arrancar, Aguirre habría golpeado con el lateral derecho de su coche la moto del agente, que se encontraba delante, y tirándola al suelo, según Aguirre porque “estaba malísimamente aparcada”.

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Tras su marcha, o “huida” como señala la izquierda, los propios agentes de movilidad y la Policía Municipal inicia su persecución que se prolonga hasta la vivienda de Esperanza Aguirre.

Este incidente ha generado críticas por parte del líder socialista en la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, de otros dirigentes de dicha formación política y, naturalmente, por parte de la izquierda, los sindicatos e incluso Unión Progreso y Democracia.

Pese a que Esperanza Aguirre emitiese un comunicado aclaratorio de lo sucedido, ello no ha bastado para que, desde la izquierda y sus medios, atacasen a la dirigente del Partido Popular.

Los agentes de movilidad, haciendo gala de reglamentarismos y de un presunto abuso de autoridad, le solicitaron el carnet de conducir, el seguro del vehículo y más documentación del coche. Y, pese a que el agente de turno, habría tenido tiempo para convocar a otros compañeros de trabajo, no habría tenido tiempo para entregarle la copia de la multa, demorando (o reteniendo) muchos minutos a la ex Presidenta.

Tras indicarle al agente que podía multarla con los datos del vehículo, Aguirre habría “arrollado a un agente” como indicase el diario EL MUNDO, periódico que habló incluso de una “sonada fuga” de la ex Presidenta, cuando, en los hechos, sólo habría rozado la moto de un agente lo que habría provocado la caída de la misma.

Sin embargo, ¿Alguien puede explicar cómo es posible que una de las mujeres más conocidas en España, Presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, pueda darse a la fuga?

Evidentemente no hay explicación posible, pero si la hay para un presunto abuso de autoridad cometido por los denominados “agentes de movilidad” a la luz de la legislación que regula sus funciones.

Vayamos por parte.

En primer lugar, conviene aclarar que estos funcionarios no son policías, aunque ejercen como autoridad en todo lo referente al tráfico en Madrid. Entre sus limitaciones NO PUEDEN DETENER A UN VEHÍCULO SOSPECHOSO, pero sí a uno que esté cometiendo una infracción o tenga, por ejemplo, un piloto fundido

NO PUEDEN DETENER A UNA PERSONA AUNQUE SI PUEDEN RETENER AL INFRACTOR.

En segundo lugar, digamos que el procedimiento de actuación de un agente de movilidad estipula que: “No se puede parar un coche porque parezca sospechoso. Sólo se puede detener un vehículo si está cometiendo una infracción, pero también se puede parar a un vehículo por un piloto fundido o porque no lleve la pegatina de la ITV. No hace falta que sea algo flagrante. Tampoco se puede registrar el vehículo o pedir que te abran el maletero, pero sí puedes pedir que se te muestren los triángulos reglamentarios para averías”.

Cuando un agente de movilidad ordena la detención de un coche, deberá informar al presunto infractor de la infracción cometida, requiriéndole “siempre” la documentación del vehículo y el carné de conducir, “para comprobar que tanto el coche como el conductor están en situación legal para circular”. Y además, pueden pedir el resguardo del seguro,

Si el conductor no presentase toda la documentación y en el caso up citra citado, Esperanza Aguirre, no habría presentado el que permiso de circulación del vehículo, podría ser denunciado por “desobediencia”.

La labor de los agentes debe finalizar con la impresión de la notificación de la denuncia tras imprimirla con su PDA. Sin embargo, si surgen complicaciones, LOS AGENTES DE MOVILIDAD NO PUEDEN DETENER A NADIE, AUNQUE SI RETENER SIN EL EMPLEO DE LA FUERZA.

Si se produjere resistencia o caso omiso por parte del presunto infractor, la labor de dichos agentes termina. “Si hay algún incidente de orden público, se pasan los datos a la Policía Municipal o la Policía Nacional, que son los que tienen competencias en esa materia”.

Además, en sendas sentencias, la Justicia ha señalado dos límites a la actuación de esos funcionarios.

En primer lugar (2010), el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró nulas dos de las funciones que tenían asignadas, a saber: a) las relativas a la vigilancia y control de los transportes, tanto públicos como privados, para hacer cumplir sus normas reguladoras, señalando que “tales agentes sólo pueden ejercer funciones de ordenación, señalización y dirección del tráfico en el casco urbano, y no funciones de vigilancia y control en relación con las normas reguladoras del transporte de pasajeros”, competencia que le corresponde a la propia Comunidad de Madrid.

Y, en segundo lugar, a partir de la supuesta frecuencia con la que algunos agentes irían al cuarto de baño, el Ayuntamiento decidió adoptar la medida de descontarles el tiempo perdido, suspendiendo al agente de empleo y sueldo durante siete días, al haber ido desde el puesto asignado al servicio de la unidad, ubicada a 200 metros.

Y en tercer lugar, recordemos que, en el año 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró un abuso de poder la inmovilización de un taxi, indemnizando a su propietario con casi 1.500 euros, recordando que las funciones de estos trabajadores se limitan a regular el tráfico.

Si la ex presidenta, Esperanza Aguirre, hubiese empleado un “coche oficial”, como le reconocen las normas, en su condición de Ex Presidenta de la Comunidad de Madrid, para cumplir con actos institucionales o funciones de representación, es decir, por ejemplo, al asistir a un pleno de la Asamblea de Madrid o concurrir a un acto protocolario., no habría tenido problema alguno. Pero, claro, Esperanza no es como otros que medran con los recursos públicos. Y, al ser una figura tan conocida, se presta a “shows” montados por algunos para figurar en la prensa.

Lo cierto es que, aunque la ex Presidenta, no debería haber aparcado en la Gran Vía para sacar dinero de un cajero, ni debería haber subido al coche y arrancar ante la presunta insolencia machista de los agentes, más cierto es que el episodio refleja la indefensión de los ciudadanos ante la intimidación de quien detenta algo de poder.

Podríamos preguntarnos, ¿cómo habrían actuado estos “agentes de movilidad” ante un simple ciudadano que cometiese una presunta infracción? ¿Se habrían contentado con colocar sus manos sobre el capó del vehículo? ¿Hubiesen ”acompañado” el vehículo del presunto infractor hasta su domicilio?

Creemos que no. Lo cierto es que, más allá del episodio, las autoridades deberían reflexionar sobre la conveniencia de que exista un cuerpo de funcionarios con poder sancionatorio que emplean vestimenta tan parecida a la de la Policía y que, a partir de los cuestionamientos que el propio cuerpo ha realizado a la Alcaldesa Ana Botella, podrían ser calificados como “máquinas de recaudar”.

¿Alguien imagina del estrés que puede afectar a uno de estos funcionarios por cerrar su mes con menos multas que la media?

¿Es verdad que la Subdirección de Movilidad les exige el cumplimiento de unos objetivos, lo cual les redundaría en el cobro de unas primas de productividad remuneradas? A MÁS MULTAS, MÁS GANAN.

¿Explicaría ello el “celo profesional” con el que habrían querido “retratarse” algunos funcionarios ante Esperanza Aguirre?

No lo sabemos. Lo cierto es que nuestra ex Presidenta de la Comunidad de Madrid, por ser quien es, nunca podría fugarse, ni no ser identificada. Y los agentes, quizás abusando de sus funciones, habrían mostrado cómo puede tratar a una persona quien tiene una mínima cuota de poder. Y ello es peligroso. Porque el poder ha de ser controlado por un sistema de contrafrenos hacia el propio poder. ¿Qué contrafrenos tienen esos agentes? Naturalmente no es la Dirección de Movilidad, ni el Ayuntamiento de Madrid.

Quizás debe serlo el Poder Judicial aunque, en un estado con la justicia politizada y “repartida” entre la partitocracia gobernante, difícilmente el ciudadano pueda hallar justicia. Y así seguiremos con discusiones, sanciones y presuntas fugas, sólo que no nos enteraremos, dado que no nos llamaremos Esperanza Aguirre y, hasta que un vídeo y pruebas en un Tribunal no nos muestren lo contrario, ha de regir el principio de presunción de inocencia ante la ley.

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