23 S – GOLPE AL ESTADO CONSTITUCIONAL.

A pocas horas de la consumación del desafío separatista, tras la firma por parte de Arturo Mas de la convocatoria a consulta (ilegal), consistente en organizar y celebrar una consulta secesionista el próximo 9 de noviembre, es hora de que el Estado Nacional enfrente con la Constitución y las leyes, incluida particularmente la penal, a los nuevos golpistas.

Sin embargo, conviene matizar esta afirmación con una aclaración. Mientras el concepto clásico de golpe de estado (derivado del francés coup d´Etat) alude a la toma del poder político de un modo repentino o violento, por parte de un grupo de poder, vulnerando la legitimidad institucional en un Estado, es decir las normas legales de sucesión en el poder vigente con anterioridad, y mientras en la historia de España hemos conocido, y muchos vivido, distintos episodios constitutivos de un golpe de estado “clásico” (el último, el 23F); en estos momentos de honda gravedad institucional, asistimos a una nueva modalidad de golpe que podríamos denominar golpe al Estado constitucional.

Este golpe, impulsado por las actuales autoridades del gobierno de la Generalidad de Cataluña, incluyendo buena parte de su poder legislativo, la totalidad de su poder ejecutivo y la presunta complacencia de parte del Poder Judicial, muestra cómo una facción separatista – consolidada tras 30 años de corrupción, tráfico de influencias y manipulación de los medios de comunicación – ha utilizado el poder del estado para “cargarse al propio estado”, en pos de la formación de una republiqueta cuasi familiar basada en criterios de pertenencia racial, imposición lingüística, discriminación educativa y adoctrinamiento de la chusma, de la plebe, de los pagès del corral desde los medios de comunicación del régimen.

Frente a este golpe de estado impulsado por quienes, desde el punto de vista legal, representan la juridicidad española en el territorio de la autonomía catalana y mientras Mariano Rajoy, paseaba por China, cabe exigir y esperar una enérgica reacción por parte de las autoridades nacionales y, si éstas no la ejercen, la inmediata convocatoria a elecciones generales nacionales para que el pueblo español, único soberano, decida cómo enfrentar la amenaza separatista que atenta contra la integridad política y territorial de España.

Arturo Mas ha impulsado un golpe de estado institucional contra España, golpe que se ha plasmado en la convocatoria a un referéndum ilegal, con la Asamblea Nacional Catalana como fuerza de choque; fuerza a la que habrían de sumarse distintos colectivos como el islamismo radical, ansioso por conquistar lo que denominan Al Ándalus, colectivos de inmigrantes subvencionados quienes, como tales, adolecen del patriotismo que cabría esperar de todo ciudadano español y todo tipo de entidades subvencionadas a lo largo de las últimas décadas, para inventar una historia, inventar una pseudo nación y encubrir los robos, el saqueo, la corrupción y el chantaje que ha ejercido el Patriarca de la “Familia”  junto a todos sus secuaces y detentadores del poder.

A ese desafío secesionista pronto se sumarán los que protagonizarán, e impulsarán en las Vascongadas, los separatistas vascos y los etarras, cuyas históricas pretensiones, basadas en la xenofobia y en el odio racial, impulsarán la secesión de esa autonomía en pos de su “independencia” y la anexión de Navarra; los reclamos de los independentistas de Baleares y de Canarias, amén de las pretensiones de los separatistas gallegos.

Podemos llegar así al despropósito de una balcanización española, similar a la que afectase a Yugoslavia, sin descartar la posibilidad de que se produzca un enfrentamiento armado entre compatriotas pues, tal como ha denunciado la prensa nacional, existirían contactos entre sectores independentistas con proveedores de armas del extranjero para entrenar a miembros de los cuerpos de seguridad catalanes e incluso a civiles separatistas.

Ese nacionalismo secesionista (y no sólo el catalán) se caracteriza por un profundo odio hacia todo lo español y por una negación de la pluralidad, y la democracia, basándose en criterios raciales que dejarían perplejo a más de un nacionalsocialista.

http://www.abc.es/tecnologia/redes/20131008/abci-sabino-arana-nombres-vascos-201310080948.html
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Así, por ejemplo, el padre intelectual del NAZionalismo vascuence, el xenófobo Sabino Arana, manifestó (refiriendo a la singuralidad de la raza vasca): “Esta raza originalísima no es celta, ni fenicia, ni griega, ni latina, ni germana, ni árabe, ni se parece más que en ser humana a ninguna de las que habitan el continente europeo, el africano, el asiático, el americano y las islas de la Oceanía. Está aislada en el universo de tal manera que no se encuentran datos para clasificarla entre las demás razas dé la Tierra”. (Bizkaitarra nº 16, octubre de 1894)

Y, emulando a Himmler, sólo que con muchos años de anticipación, expresó que: «La fisonomía del bizkaino es inteligente y noble; la del español inexpresiva y adusta. El bizkaino es de andar apuesto y varonil; el español, o no sabe andar (ejemplo, los quintos) o si es apuesto, es de tipo femenil (ejemplo, el torero). El bizkaino es nervudo y ágil; el español es flojo y torpe. El bizkaino es inteligente y hábil para toda clase de trabajos; el español es corto de inteligencia y carece de maña para los trabajos más sencillos. Preguntádselo a cualquier contratista de obras, y sabréis que un bizkaino hace en igual tiempo tanto como tres maketos juntos. El bizkaino es laborioso (ver labradas sus montañas hasta la cumbre); el español, perezoso y vago (contemplad sus inmensas llanuras desprovistas en absoluto de vegetación). (…) El bizkaino que vive en las montañas, que es el verdadero bizkaino, es, por natural carácter, religioso (asistid a una misa en aldea apartada, y quedaréis edificados); el español que habita lejos de las poblaciones, que es el verdadero español, o no sabe una palabra de religión, o es fanático, o es impío (ejemplos de lo primero en cualquier región española; de lo segundo entre los bandidos andaluces, que usan escapulario, y de lo tercero aquí en Bizkaya, en Sestao, donde todos los españoles, que no son pocos, son librepensadores). Oídle hablar a un bizkaino, y escucharéis la más eufónica, moral y culta de las lenguas; oídle a un español, y si sólo le oís rebuznar, podéis estar satisfechos, pues el asno no profiere voces indecentes ni blasfemias.» (Sabino Arana, en Bizkaitarra, Bilbao, 7 de julio de 1895.)

Partiendo de ese basamento ideológico, al que hemos de sumar el racismo catalán, es sencillo comprender cómo ese nacionalismo secesionista es incompatible con la democracia, con la libertad y con el Estado de Derecho.

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Muestra de ese despropósito separatista es que, mientras en la Cataluña que todos mantenemos con nuestros impuestos, el régimen anticonstitucional ha dispuesto habilitar, para la consulta ilegal del 9 de Noviembre, unas 8130 meses y 10800 urnas, movilizando en el operativo a unos 9200 agentes de los cuerpos de seguridad quienes, en lugar de velar por la seguridad de los bienes y ciudadanos de esa comunidad autónoma, o por el cumplimiento de la Constitución, se desempeñarán como fuerza armada de los golpistas. A esto habría que sumar la utilización de funcionarios y empleados de la administración en diversas tareas antes, durante y después de la convocatoria así como la impresión de casi 7 millones de papeletas y la movilización, al estilo nazi, de grupos antisistema y de todos los enemigos de la constitucionalidad.

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Pero podríamos preguntarnos ¿qué postura asumirá el gobierno de Mariano Rajoy ante este desafío?

Muchos sostienen que nada, o apenas nada, quizás la interposición de recursos y el continuar tendiendo la mano a quien desea cargarse el régimen constitucional español. Al barbudo hombre que toda su vida ha vivido de la política, y prosperado gracias a ella, poco o nada parece importarle el destino de esta Nación llamada España, ni el destino de los ciudadanos que habitan en esa región autónoma que los separatistas desean dominar totalitariamente; esa postura de Mariano contentaría al arriolismo para continuar centrándose en la economía, a efectos de que los supuestos logros alcanzados le permitan aguantar hasta las próximas elecciones.

Pero Rajoy ignora que el Frente Popular radical separatista está en marcha y que, pronto, izquierdistas, separatistas catalanes, nacionalistas gallegos y separatistas vascos, sumados a etarras, radicales yihhadistas y minorías extremistas sumarán, posiblemente, más voluntades que Mariano; pues, pese a lo que le asesore Arriola, los votantes de centro derecha y liberales no son idiotas. Y no apoyarán a un Rajoy genuflexo ante esos extremismos.

Lo cierto es que, tras la firma de la convocatoria por parte de Arturo Mas, los antecedentes de tal rúbrica, el incumplimiento de sentencias en materia lingüística y la implementación de políticas secesionistas, Arturo Mas, habría incurrido en la comisión de una serie de presuntos delitos, a saber: Delito contra la intimidad (art. 198 CP), que sanciona con pena de inhabilitación de 6 a 12 años al funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la ley, utilice datos reservados de carácter personal; Malversación (art. 433 CP) que sanciona con pena de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público durante 6 meses a 3 años, al funcionario público o autoridad que destine a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones; Sedición (art. 544 CP), que castiga con penas de 10 a 15 años de prisión a la autoridad que induzca o llame a un alzamiento público o tumultuario para impedir la aplicación de la ley; Desobediencia (art.410 CP), que castiga con multa de 3 a 12 meses e inhabilitación de 6 meses a 2 años, al funcionario público o autoridad que se negare a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de autoridad superior; Prevaricación (art. 404 CP), que castiga con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 7 a 10 años, a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo y los tipos penales que pudieran caber por hechos pasados, presentes o futuros.

A la gravedad de la convocatoria electoral para celebrar una consulta ilegal (pues sólo el Estado nacional puede convocar referéndum) ha de sumarse las presiones de la Asamblea Nacional Catalana sobre la comunidad educativa; la organización de turbas de manifestantes independentistas para repudiar cualquier limitación legal de la convocatoria, la manipulación totalitaria de los medios de comunicación, la discriminación y persecución de todo lo que sea español, comenzando por el idioma, y lo que es más grave: la convocatoria electoral a los votantes catalanes para que, cual minoría ilustrada y calificada, decida el futuro de todos los españoles, empleando para ello datos de carácter personal que los habitantes de Cataluña habrían cedido a los ayuntamientos pero no para ser utilizados en la constitución de una especie de censo electoral.

El desafío separatista, auténtico golpe al estado constitucional español, constituye el ejercicio de una política contraria al Estado de Derecho y un grave peligro para el interés general, un atentado contra los derechos individuales de los ciudadanos y la convivencia democrática; un desafío que urge a las autoridades nacionales a adoptar medidas para restablecer el imperio de la ley y exige la actuación de la Fiscalía General del Estado, de los tribunales de justicia, del gobierno nacional en su conjunto y de todos los poderes del estado pues la soberanía nacional sólo reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado, tal como lo prescribe el artículo 1 de la Constitución Nacional.

La convocatoria ilegal del referéndum por parte del máximo representante del poder nacional en Cataluña, independientemente de ser constitutiva presuntamente de varios tipos penales, atenta gravemente contra el interés general de España y justifica la inmediata suspensión de la autonomía catalana, aplicando el artículo 155 de la Constitución Nacional.

La inacción vergonzosa de Mariano Rajoy Brey y sus ministros, uno de los cuales ha declarado sin tapujo alguno haber conocido “el sentimiento catalán” y quien, a pocos días de aumir la cartera de Justicia, se ha manifestado dispuesto a reformar la Constitución Nacional para reconocer la “singularidad catalana”, tampoco debería ser dejado de lado por la Fiscalía pues podría ser constitutiva de presuntos delitos y de incumplimiento de los deberes de funcionario público dado lo establecido por nuestra Constitución Nacional:

Artículo 1. “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado… “

Artículo 2. “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles… “

Artículo 3. “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.”

Artículo 8. “1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Artículo 155. “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general

Estas, y otras disposiciones normativas, conforman una pirámide o jerarquía de normas legales que consagran nuestra Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico. Y nunca puede permitirse que autoridades o normas supeditadas a ella atenten contra el orden constitucional.

De allí que, a estas horas, el Pleno del Tribunal Constitucional haya suspendido esta tarde, por unanimidad, la Ley Catalana de Consultas, que aprobase el Parlamento autonómico el pasado día 19 y el decreto de convocatoria firmado por Arturo Mas.

La admisión a trámite de los recursos promovidos por la Presidencia del Gobierno implica, automáticamente, la suspensión cautelar de la norma y de la disposición impugnada, tal como lo establece la propia Constitución Nacional.

La decisión, consecuencia de los recursos interpuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy, no ha analizado el fondo del asunto; pero, de momento, suspende la convocatoria ilegal pues, tal como ha declarado institucionalmente el Ejecutivo, “”no hay nada ni nadie, ni poder ni institución alguna que pueda romper el principio de soberanía única e indivisible sobre la que se basa” la convivencia entre los españoles, ni se puede “privar a todos los españoles del derecho a decidir lo que es su país“.

Sin embargo, y pese a que Rajoy ha declarado que las leyes pueden reformarse pero siempre por cauces democráticos, nuevamente ha pecado de ingenuidad al ofrecer diálogo a quienes impulsan un golpe contra el Estado constitucional.

Contra los golpistas sólo cabe una respuesta: aplicación de la Constitución y de las leyes de la Nación en los ámbitos civiles, administrativos y penales;

Frente a las amenazas y presiones de chusmas manipuladas sólo cabe una respuesta: aplicación de la Constitución y de las Leyes de la Nación, empleando la fuerza pública legítima, en caso de ser necesario;

Frente a la prepotencia de los separatistas y a su proyecto de constituir fuerzas armadas de choque para su feudal republiqueta, sólo cabe comprometer a las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la defensa de la integridad y unidad territorial y política de España, tal como lo establece el artículo 8 1º de la Constitución;

Frente a la corrupción, a la manipulación, a la discriminación, a la persecución de todo lo español y al uso de fondos públicos para una causa ilegal, sólo cabe aplicar la ley, el debido proceso, la suspensión de la autonomía catalana, la recuperación, para el Estado Nacional, de todas las atribuciones transferidas oportunamente, principalmente la educación, seguridad, sanidad y otras que atañen a la seguridad, integridad, igualdad y que garanticen la libertad de los ciudadanos españoles.

La premisa es PARAR EL GOLPE SECESIONISTA que los enemigos de la Nación pretenden imponer por la fuerza de una chusma manipulada y empleando todos los recursos de un poder corrupto e ilegal.

España se enfrenta al peor golpe contra el Estado Constitucional de su historia.

Es hora de que los poderes del Estado y la propia sociedad civil se erijan en baluartes de la ley y de la Constitución Nacional.

De lo contrario no sólo serán culpables aquellos que impulsen un golpe contra el Estado sino, principalmente, aquellos que han permitido a los bárbaros destruir la civilización.

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